Do Portal Voz Populi (Espanha)
Cerca de un centenar de juristas han firmado un manifiesto en contra de los indultos a los líderes del ‘procés’. Impulsado por la plataforma cívica ‘Consenso y regeneración’, el texto considera que el perdón gubernamental a los políticos catalanes condenados por sedición “presenta graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes en España”.
Los firmantes tampoco confían en que la aprobación de los indultos vaya a solucionar la situación política existente en Cataluña, y que dicha concesión ahondará en la idea muchos ciudadanos de que el “Estado de Derecho no rige para todo el mundo por igual y de que los políticos gozan de un estatuto diferente y privilegiado frente a las leyes vigentes”.
Aquí, puede leer el texto completo:
Los abajo firmantes consideramos que la concesión de indultos a los políticos condenados por la sentencia del “procés” presenta graves riesgos para la defensa del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Habiéndose pronunciado en contra de la concesión tanto el tribunal sentenciador como la Fiscalía, la concesión del indulto es todavía posible para el Gobierno, pero debe de justificar que no se trata de una decisión arbitraria o irrazonada y que concurren efectivamente las circunstancias de equidad, justicia o utilidad pública que exige la Ley reguladora. La revisión de la concesión del indulto es posible en vía jurisdiccional, precisamente para verificar si es o no arbitraria o irrazonada o incongruente a la vista de las circunstancias del caso concreto, entre las que hay que resaltar de forma destacada no solo la falta de arrepentimiento por parte de los condenados sino su intención de volverlo a hacer. Así lo han manifestado en repetidas ocasiones junto con su convicción de que la condena ha sido injusta y desproporcionada y de que son presos políticos, hasta el punto de que el indulto ha sido solicitado por terceros y no por los condenados.
Es cierto que no es la primera vez que un Gobierno han utilizado la herramienta del indulto atendiendo a razones de oportunidad (política, partidista o de otra naturaleza) en contra de los informes preceptivos del tribunal sentenciador y fiscalía, lo que motivó precisamente que se intentara reformar la institución para evitar posibles abusos por parte del Poder Ejecutivo que finalmente no prosperaron. Pero también lo es que a estas alturas del siglo XXI y en un asunto de tanta trascendencia no parece aconsejable ni desde el punto de vista jurídico ni político forzar los límites de la institución y provocar una importante tensión con el Poder Judicial, dado que previsiblemente estos indultos se recurrirán ante los tribunales de justicia. Conviene no contraponer legitimidades y erosionar instituciones en un momento en que todas son necesarias.
Por otra parte, y más allá de las consideraciones jurídicas también queremos destacar que no parece que la concesión de estos indultos vaya a provocar ninguna mejora de la situación política existente en Cataluña, donde la fractura, no lo olvidemos, se da entre independentistas y no independentistas. Creemos que se ahonda, además, en la convicción de muchos ciudadanos de que el Estado de Derecho no rige para todo el mundo por igual y de que los políticos gozan de un estatuto diferente y privilegiado frente a las leyes vigentes. También consideramos que los ciudadanos catalanes no independentistas pueden sentirse, una vez más, abandonados por las instituciones que deberían defender el respeto a las reglas del juego. El deterioro de la convivencia y del respeto al Estado de Derecho en Cataluña en estos últimos años no parece que pueda superarse con más fracturas y con menos respeto al Estado de Derecho.
Por esas razones, pensamos que la búsqueda de una solución al conflicto entre catalanes debe pasar por un respeto escrupuloso al Estado democrático de Derecho y a la Constitución de 1978 como el gran pacto político constitutivo de nuestra convivencia. Las reglas del juego se pueden cambiar y mejorar, pero es esencial respetar los cauces establecidos y abrir un debate público lo más amplio posible que garantice la participación de todos.
Firmantes
Manuel Alegre Nueno. Prof. Titular Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (Universidad de Valencia).Segismundo Álvarez Royo-Villanova. Notario.Joan Amenós Álamo. Profesor de Derecho Administrativo.Rafael Arenas García. Catedrático de Derecho internacional privado (Universidad Autónoma de Barcelona).Mariano Javier Aznar Gómez. Catedrático de Derecho internacional público (Universitat Jaume I).Daniel Berzosa López. Jurista.Antonio J. Blanco Corredoira. Abogado.Roberto Blanco Valdés. Catedrático de Derecho Constitucional.Javier Borrego Borrego. Antiguo Abogado del Estado, Juez TEDH y Magistrado TS.Antonio Bueno Armijo. Profesor Titular de Derecho Administrativo (Universidad de Córdoba).Roberto O. Bustillo Bolado. Jurista.Aránzazu Calzada González. Catedrática.Francesc de Carreras Serra. Catedrático de Derecho Constitucional.Virginia Casajuana. Abogada.Cristina Castelló. Abogado.José Enrique Castro-Acuña Aranda. Abogado.Antonio Cebrián Carrillo. Abogado.Manuel Cebrián Ledesma. Abogado.Raquel Cortijo Cámara. Abogada.José Luis Costas Algara. Abogado.Matilde Cuena. Catedrática de Derecho Civil (Universidad Complutense).Elisa De la Nuez. Abogada del Estado en excedencia.Josu de Miguel. Catedrático de Derecho Constitucional.Ramón de Veciana Batlle. Abogado.José María Del Pino Jimeno. Abogado.María Jesús Dorronsoro Zubillaga. Abogada.Ramón Durán Rivacoba. Catedrático de Derecho Civil (Universidad de Oviedo).Ignacio Gomá Lanzón. Notario.Tomás Ramón Fernández. Catedrático Derecho Administrativo.Miguel Fernández Benavides. Abogado.Juan Ramón Fernández Torres. Catedrático de Universidad y Abogado.Alonso Agustín Fernández-Avilés. Abogado.Isabel Ferrer Abella. Abogado.Luís Figueroa. Abogado.Mercedes Fuertes. Catedrática de Derecho Administrativo.Paula García Rodríguez. Jurista.Ernesto García Trevijano. Abogado.Carlos García Valdés. Catedrático de Derecho Penal (UAH).Rufino Gil Hernández. Abogado.Eduardo Goig. Abogado.Raquel González Benito. Abogado.Matías González Corona. Abogado.Luís Miguel González González. Abogado.David Guillem-Tatay. Profesor de Bioderecho y Responsabilidad Civil Sanitaria (UCV).Javier Guillen. Abogado.Cecilia Gutiérrez Ganzarain. Abogada del Estado.Carmen Hinojosa. Abogado.Pablo Hornedo Muguiro. Abogado.Pere Lluís Huguet Tous. Abogado.Manuel León Rodríguez. Abogado y Economista.José Antonio López Casas. Abogado.Antonio López Roa. Abogado.Alexandra López-Liz Corbella. Abogado.Araceli Mangas Martín. Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales (Universidad Complutense de Madrid).Javier Mejías Sevilla. Abogado.Juan Carlos Menéndez Mato. Profesor titular de Derecho Civil (UNED).María Luz Melero Rodríguez. Abogada.Ángel Menéndez Rexach. Catedrático emérito de Derecho Administrativo.Manuel Miró Echevarne. Abogado.Juan Antonio Montoya Leal. Abogado.José María Múgica. Abogado.Ana Isabel Núñez Mallo. Abogada.Albert María Ocejo. Abogado.Pablo Ojeda Baños. Abogado.Antonio Francisco Ordóñez. Abogado y funcionario.Alberto Osácar Ibarrola. Abogado.Antonio Pavón Ortiz. Abogado.Carmen Pérez Fontes. Abogado.Diego Ponce Godoy. Abogado.J. Ignacio Prendes Prendes. Abogado.Francisco José Ramos Vega. Abogado.Alfonso Rodríguez de Quiñones de Torres. Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad. de Sevilla).Sonia Rodríguez-Campos González. Jurista y profesora universitaria.Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzmán. Abogado.Alejandro Ruiz de Pedro. Abogado. Ex Presidente de Grupo en las Cortes de CLM. Ex.Diputado.María Luisa Ruiz-Gálvez Priego. Catedrático (Universidad Complutense)Elena Saenz de Jubera. Abogada.Juan Antonio Sagardoy. Abogado.Luís Santamaria Ortiz. Abogado.Vicente Sierra Rocafort. Abogado.Salomé Soriano Granda. Abogado.Francisco Sosa Wagner. Catedrático de Derecho Administrativo.Javier Tajadura Tejada. Profesor de Derecho Constitucional.Rodrigo Tena Arregui. Notario.Germán M. Teruel Lozano. Profesor Derecho Constitucional (Universidad de Murcia).José Torné-Dombidau Jiménez. Profesor Titular de Derecho Administrativo (UGR) y Presidente del Foro para la Concordia Civil.Federico Trias de Bes Recolóns. Abogado.Alfonso Valero Aguado. Abogado.Silvia Valmaña Ochaita. Profesora Titular de Derecho Penal (UCLM).Verónica van Kesteren Valery. Abogado.Emilio Vieira Jiménez-Ontiveros. Abogado. Profesor de Derecho Civil (U. Loyola Andalucía).Belén Villalba Salvador. Abogada.Inés Villanueva Calleja. Abogado.José Luís Villar Ezcurra. Abogado.Eduardo Vírgala Foruria. Catedrático jubilado de Derecho Constitucional (Universidad del País Vasco).Isaac Vivas Alonso. Abogado.Isabel Winkels Arce. Abogada.José Antonio Yturriaga Barberan. Embajador de España y profesor de Derecho Diplomático (UCM).
