La Abogacía exige un pacto de Estado para mejorar la Justicia : España
Mientras que las firmas legales especializadas en el ámbito de los negocios empiezan a ver el final de la crisis, aupadas por la recuperación de las operaciones de fusiones y adquisiciones, existen otras esferas en el sector de la abogacía que reconocen que sus finanzas no sólo no van bien, sino que se encuentran al límite. Es el caso de pequeñas firmas o de autónomos con problemas para renovar su cartera de clientes o que representan a particulares o pymes con problemas de liquidez y, por tanto, de pago.
De hecho, el 85% de los abogados ejercientes asegura que muchos de sus compañeros, e incluso ellos mismos, están atravesando serias dificultades económicas, según se desprende del VI Barómetro Interno de la Abogacía, elaborado de forma independiente por Metroscopia y que recoge la opinión de más de 2.000 letrados españoles.
El sentir generalizado del sector no es nada optimista tampoco respecto al funcionamiento de la Justicia. Prácticamente, nueve de cada diez abogados consideran que la Administración “padece una crisis muy grave y profunda”, por lo que reclaman un pacto de Estado para solucionar esta situación.
Politización
Según se desprende del informe, prácticamente hay unanimidad a la hora de señalar que los gobiernos, independientemente de su signo político, están más interesados en controlar la Justicia antes que en intentar mejorarla y ganar en eficiencia. En su opinión, gran parte de los males del sistema se deben a una organización deficiente, pero también a que el modelo es propio del siglo pasado. Seis de cada diez letrados están convencidos de que el funcionamiento de la Administración está pensado de forma conveniente para jueces y juristas, pero no responde a criterios de utilidad para el ciudadano, que es quien realmente hace uso de ella.
El barómetro también ha tomado el pulso al sector sobre aspectos como la corrupción que, en opinión de la mayoría de los letrados, sigue en niveles muy elevados, aunque concentrada específicamente en la vida pública. Una de las conclusiones de la encuesta es que la “sensación de que existe corrupción en España se sitúa en los niveles registrados en Rumania”, aunque realmente los datos son equiparables a los de otros países de su entorno, como Alemania o Dinamarca.
Esa mala percepción por parte de la sociedad se debe, en opinión de la abogacía, a que estos casos no se combaten con la prontitud y determinación debida. Una vez más, el lento funcionamiento de la Justicia es uno de los factores que entran en juego para que se produzca esa sensación de impunidad.
Con otros ojos ven su propia profesión. “Mal en lo económico, pero cada vez mejor en calidad, sensibilidad, competencia profesional y atención a los derechos de los ciudadanos y los nuevos problemas sociales”, en palabras de Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
Conclusiones
El 85% de los abogados reconoce que la crisis está provocando dificultades económicas en los bufetes.
El 86% considera que la Justicia no funciona bien y el 92% reclama un pacto de Estado como solución.
El 88% de los letrados opina que el sistema judicial debería ser financiado exclusivamente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, sin tasas adicionales.
El 95% percibe que la corrupción sigue en niveles muy elevados en España.
Los abogados, entre todas las profesiones jurídicas, son los mejor valorados por la ciudadanía.
La mayoría de los letrados valora positivamente el papel de los colegios profesionales.
El sector se está adaptando a las nuevas tecnologías y ocho de cada diez abogados dispone de carné colegial con firma digital.