La Comisión Constitucional del Senado debate este miércoles los proyectos de ley del alto cargo y de proyecto de Ley Orgánica de control económico-financiero de los partidos políticos, que serán aprobadas la semana que viene por el Pleno y devueltas al Congreso, en principio, sin cambios de fondo.
En total, los grupos han presentado 141 enmiendas al proyecto de ley orgánica de control de los partidos, incluidas tres del PP de carácter técnico y que son las únicas que se aprobarán con seguridad. Además, el PSOE ha presentado siete, hay registradas otras 23 de CiU, 38 de la Entesa pel Progrés de Catalunya, 27 del PNV y 43 del Grupo Mixto.
Además, PSC e ICV han registrado vetos para que el proyecto sea retirado. El PP sumó en el Congreso el apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos y canarios y de UPN a este proyecto de ley.
Por otro lado, el PP ha registrado otras cinco enmiendas al proyecto de ley del alto cargo del Estado, la mayoría para precisar la denominación de la Oficina de Conflicto de Intereses.
En otra de ellas modifica el artículo 25, el que regula las infracciones que pueden cometer los altos cargos. En concreto, añade un nuevo supuesto de infracción grave: cometer una leve cuando el autor ya hubiera sido sancionado por idéntico motivo en los tres años anteriores. Es decir, ser reincidente.
A este proyecto de ley, los grupos han presentado en total 92 enmiendas, incluidas las del PP: 21 del PSOE, 39 de la Entesa pel Progrés de Catalunya y 26 del Grupo Mixto. Además, PSOE, PSC, ICV e IU han han registrado sendos vetos, para devolver el proyecto al Gobierno.
La negociación, como la ley de control económico-financiero de los partidos, se producirá este miércoles en la Comisión Constitucional y luego en el Pleno. En el Congreso, el PP logró el apoyo del PNV y de CiU y el voto en contra de los socialistas.
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICAS
Estos dos proyectos fueron presentados en el Congreso el pasado otoño por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dentro de un paquete de medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática. La nueva ley de control económico-financiero impone a los partidos políticos y sus fundaciones nuevos controles de su financiación y más requisitos de transparencia y de democracia interna.
El texto aprobado en el Congreso prohíbe entre otras cosas condonar deuda a los partidos, veta donativos de personas jurídicas (empresas) y obliga a publicar todos las aportaciones económicas de más de 25.000 euros que reciba un partido.
La ley añadió un recorte del 20% de la subvención que se otorga por los envíos gratuitos de propaganda electoral (‘mailing’), que se añade a la rebaja del 40 por ciento de la financiación ordinaria de los partidos que el Gobierno ha ido aplicando en los últimos años a través de los Presupuestos Generales (PGE).
Además, a partir de ahora, las subvenciones anuales del Estado se van a vincular al presupuesto consolidado sin intereses de cada ejercicio lo que, según el PP, implica que “irán de la mano del gasto social” de modo que, si hay recortes en estas partidas, también se verán reducidos.
Junto a la austeridad, se confirma la imposición de mayores exigencias de control y de transparencia de las fundaciones políticas. Si ya se las obliga a informar al Tribunal de Cuentas de las donaciones que reciben, se pretende ahora que todos sus ingresos sean examinados por el Tribunal de Cuentas (incluyendo los convenios con entes públicos) y que la institución fiscalice también los gastos derivados de subvenciones públicas; además, las fundaciones deberán someterse a una auditoría externa cada año cuyos resultados habrán de ser publicados en su web.
Asimismo, se definen las sanciones por financiación ilegal para aumentarlas y para dificultar la prescripción en función de la gravedad de la falta que se imputa (dos años para casos leves, tres para graves y cinco para muy graves).
En cuanto al Estatuto del Alto Cargo fija, entre otras cuestiones, los requisitos de idoneidad para ocupar esos puestos, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar, las incompatibilidades, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.
Pero el PSOE, Izquierda Plural y UPyD (no tiene presencia en el Senado) consideran que la redacción final resulta insuficiente y echan en falta asuntos como la ampliación del periodo de incompatibilidad de los altos cargos cesados (ahora son dos años), la prohibición de las ‘puertas giratorias’, la independencia de los órganos de supervisión o la regulación de los grupos de presión (‘lobbies’).
LAS ENMIENDAS
El PSOE ha enmiendado la ley de control de los partidos para cambiar la ley electoral y que los diputados, senadores y concejales pierdan el cargo cuando sean llamados a juicio oral como imputados o procesados por delitos de corrupción. Y quiere además que se establezca su inelegibilidad.
Entre otras cosas, el Grupo Socialista también quiere que se regule la dedicación exclusiva de los parlamentarios. Por ejemplo, que esté prohibido cobrar sueldo ni indemnización por el cargo en el partido o en un sindicato o patronal, por participar en conferencias o medios de comunicación.
En otras enmiendas, el PSOE plantea cambios en la ley de Enjuiciamiento Criminal para que se excluya la posibilidad de evitar el juicio oral mediante sentencias de conformidad y que se regule un procedimiento preferente y sumario para los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos.
En cuanto a CiU, reclama en sus enmiendas que las federaciones no tengan que presentar cuentas consolidadas, porque las forman partidos independientes; que se regule la financiación de partidos por micromecenazgo o reducir las multas por superar el límite electoral autorizado.
Como ya intentó en el Congreso, CiU vuelve a presentar una enmienda para que a los partidos políticos se les dé diez años para reestructurar su deuda y equilibrar sus balances, de tal manera que hasta el año 2025, antes del 30 de junio, no tengan que presentar “las cuentas anuales consolidadas” del año anterior en el Registro de Partidos “junto con la justificación del Tribunal de Cuentas conforme su correcta presentación”.
Añade ahora que en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la presente ley, el gobierno apruebe un plan extraordinario de medidas administrativas y financieras de apoyo a esa reestructuración.
Por parte del PNV, propone en el Senado que los partidos puedan seguir recibiendo donaciones de empresas y pide que no se les obligue a publicar la identidad de quien dona más de 25.000 euros: “Puede ser motivo de retraimiento”. (EUROPA PRESS)