13 de los 18 magistrados que componen la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han remitido este jueves una carta al presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, denunciando las declaraciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en contra de la resolución favorable del Tribunal a la acumulación de penas de los terroristas.
Se trata de una resolución que, de acuerdo con una nueva normativa europea, considera que se debe sumar el tiempo de contena cumplido en un país de la Unión Europea para computar la condena en España. La resolución, fue la base de la decisión Sala Primera de la Audiencia Nacional de liberar a los etarras Santiago Arrospide Sarasola y Alberto Plazaola Anduaga, y que ya provocó ágrias críticas del gobierno, esta vez en boca de la vicepresidenta, Soraya Sánz de Santamaría.
Sobre las resoluciones del Supremo y de la Audiencia, Fernández Díaz afirmó en una entrevista en La Razón que “eran lamentables desde todos los puntos de vista, también jurídicamente”. Además, a la pregunta sobre si los tribunales estaban prevaricando contestó: “yo no digo eso pero si eso lo hubiera hecho una autoridad política o administrativa quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación”.
Los magistrados han manifestado en su carta su “desazón por tales manifestaciones” y solicitan a Carlos Lesmes que, si conindie en su opinión sobre las declaraciones, se lo comunique al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para instar una “reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las denunciadas”.
Precisamente, el CGPJ tenía que pronunciarse ayer sobre esta declaraciones en la reunión de la Comisión Permanente, pero decidió posponerlo para evitar influir en la decisión que debe tomar el Tribunal Supremo sobre la aplicación de la normativa europea de acumulación de penas, ya que la Sala Segunda de la Audiencia tomó la decisión contraria a la Primera y no excarceló a unos presos.
Sin embargo, el CGPJ sí que emitió un comunidado recordando que “sin perjuicio de que toda decisión judicial está sometida a la crítica pública, todos han de asumir un especial deber de favorecer dicha confianza, respetando la labor jurisdiccional. El traspasar los límites que comporta el ejercicio de tal deber, entraña transmitir a la ciudadanía una imagen distorsionada de lo que supone el principio democrático de separación de poderes, constitutivo de nuestro Estado de Derecho”.
Por su parte, Fernández Díaz ha asegurado que “respeta y respetará siempre” la separación de poderes y que el Gobierno no ha presionado en ningún caso al Supremo sobre su valoración del cómputo de las penas.