La Comisión de Economía del Congreso aprobará el próximo miércoles el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo.
El texto ha recibido 86 enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios, incluyendo siete del PP, la mayoría de las cuales son correcciones y precisiones técnicas sin mayor calado normativo.
En concreto, los ‘populares’ plantean un par de cambios que ajustan el proyecto a las consideraciones plantadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en lo relativo al reembolso de las costas o a la revocación o sustitución de un acuerdo una vez se haya interpuesto una demanda de impugnabilidad. Asimismo, se precisa que para no poder ser considerado consejero independiente sólo se tendrán en cuenta las relaciones de negocio “de carácter significativo”, y no todas.
Estos planteamientos y también los que ha presentado la oposición serán debatidos y votados en la comisión parlamentaria del próximo miércoles, 1 de octubre, ya que la Ponencia decidió no incluir ninguna enmienda en el texto durante su reunión del pasado martes, lo que deja la puerta abierta a cambios pactados.
De hecho, en la fase anterior de la tramitación sólo la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) registró enmienda de totalidad contra el proyecto de ley, y finalmente la retiró antes incluso de su debate por parte del Pleno del Congreso, por lo que esta norma podría cosechar el acuerdo de la Comisión de Economía que, al gozar de competencia legislativa plena, enviará el texto directamente al Senado tras su aprobación.
Principales contenidos de la reforma
El proyecto de reforma de la Ley de Sociedades de Capital fue aprobado el pasado mes de mayo por el Consejo de Ministros con el objetivo de mejorar la gobernanza de este tipo de entidades.
Según el texto aprobado por el Gobierno, su contenido se basa en cuatro aspectos principales: 1) Mejora de las competencias de la junta de accionistas y de los derechos de los accionistas; 2) composición y régimen de responsabilidad de los organos de administración social; 3) retribución de los consejeros y 4) exigencia de información en las cuentas sociales sobre el periodo medio de pago a los proveedores.
Por su interés, recordamos con detalle el alcance general de la reforma.
1. Competencias de la junta general de accionistas
a) En todas las sociedades
– Intervención en asuntos de gestión y operaciones esenciales:
Se permite a la junta impartir instrucciones de gestión salvo disposición contraria de los estatutos. Asimismo, se atribuye a la Junta la decisión sobre operaciones esenciales (aquellas en las que el volumen supere el 25% del total de activos del balance).
– Votaciones:
Se deberán votar separadamente las propuestas de acuerdo para aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes.
– Conflictos de interés entre accionistas:
Se propone extender a todas las sociedades la prohibición de voto del socio que resulte beneficiado en casos muy claros de conflicto de interés.
– Impugnación de acuerdos sociales:
-> Desaparece la distinción entre acuerdos nulos (infracción de un precepto legal) y anulables (otras infracciones);
-> Se amplía el plazo de impugnación desde los 40 días a 1 año.
En cuanto a la legitimación, se exige al menos el 1% del capital para poder ejercer la acción de impugnación (en la actualidad varía según se trate de acuerdos nulos o anulables). En las sociedades cotizadas este porcentaje será del 1 por mil.
b) En las sociedades cotizadas
– Derechos de los accionistas:
Se reduce del 5% al 3% el capital social necesario para ejercer los derechos de minoría.
– Asistencia a la junta general:
Se reduce el número máximo de acciones que se podrían exigir para poder asistir a la junta desde el 1 por mil a 1.000 acciones.
– Fraccionamiento y voto divergente:
Las entidades que actúen por cuenta de diversas personas podrán fraccionar y delegar el voto. Sería el caso de inversores extranjeros que efectúan sus inversiones a través de una cadena de intermediarios financieros que actúan como titulares fiduciarios por cuenta del inversor último.
– Derecho de información:
Se propone rebajar el plazo máximo en el que los accionistas pueden solicitar información de 7 a 5 días antes de la celebración de la junta.
– Asociaciones y foros de accionistas:
Se establece la inscripción en un registro especial de la CNMV y el cumplimiento de una serie de obligaciones contables y de información.
2. Administración de la sociedad
a) En todas las sociedades
– Deberes y régimen de responsabilidad de los administradores:
Se tipifican de forma más precisa los deberes de diligencia y lealtad y los procedimientos que se deberían seguir en caso de conflicto de interés.
Se amplía el alcance de la responsabilidad, más allá del resarcimiento del daño causado, incluyendo la devolución del enriquecimiento injusto. Se facilita la interposición de la acción social de responsabilidad al reducir la participación necesaria (del 5 al 3% en cotizadas) y permitiendo su interposición directa (sin esperar a la junta) en caso de infracción del deber de lealtad.
– Competencias del consejo de administración:
Se incluye un nuevo artículo con las facultades indelegables del consejo, con el fin de reservarle las decisiones correspondientes al núcleo esencial de la gestión y supervisión de la sociedad.
b) En las sociedades cotizadas
– Composición:
Los procedimientos de selección de consejeros facilitarán el nombramiento de consejeras.
– Presidente y consejero ejecutivo:
Cuando ambos cargos recaigan en una misma persona, el nombramiento del presidente del consejo requerirá el voto favorable de los dos tercios de los miembros del consejo. Además se deberá nombrar entre los independientes un consejero coordinador (lead independent director) al que se faculta para solicitar la convocatoria del consejo, ampliar el orden del día, coordinar a los consejeros no ejecutivos y dirigir la evaluación del presidente.
– Evaluación del consejo y sus comisiones:
El consejo de administración deberá realizar una evaluación anual de su funcionamiento y el de sus comisiones.
– Comisión de nombramientos y retribuciones:
Los consejos de administración deberán de forma imperativa constituir una comisión de nombramientos y retribuciones. La comisión de nombramientos y retribuciones establecerá un objetivo de representación para el sexo menos representado en el consejo de administración y elaborará orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
– Competencias:
Se incluye como competencia indelegable del consejo, dentro de la política de control y gestión de riesgos, los riesgos fiscales; es decir, la aprobación de las inversiones u operaciones que tengan especial riesgo fiscal y la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad.
– Duración del cargo de administrador:
Se propone que el periodo máximo de cada nombramiento no exceda de 4 años, frente a los 6 actuales.
3. Retribución de los consejeros
a) En todas las sociedades
– Referencias programáticas:
La remuneración de los administradores deberá ser razonable, acorde con la situación económica de la sociedad y con las funciones y responsabilidades que les sean atribuidas. El sistema de remuneración deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la sociedad en el largo plazo.
– Consejeros delegados:
Se clarifica el régimen de retribuciones por el ejercicio de facultades ejecutivas de los consejeros. En esos casos, se deberá firmar un contrato con el consejero que incluirá los distintos conceptos retributivos. Se aprobará por una mayoría cualificada del consejo y la abstención de los interesados.
b) En las sociedades cotizadas
– Política de remuneraciones:
Deberá ser aprobada por la junta (voto vinculante), previo informe de la comisión de nombramientos y retribuciones, al menos cada tres años. Esta política contendrá, al menos:
-> La remuneración total a los consejeros por su condición de tales;
-> El sistema de remuneración de los consejeros ejecutivos (descripción de los componentes, cuantía global de la retribución fija anual y su variación en el periodo de referencia, los parámetros de fijación de los restantes componentes y todos los términos y condiciones de sus contratos como primas, indemnizaciones, etcétera);
-> El consejo decidirá la distribución individual siempre dentro de la política de remuneraciones;
-> Cualquier modificación requerirá aprobación de la junta y no podrá realizarse pago alguno mientras no haya sido aprobado por la junta.
– Informe anual sobre remuneraciones:
Seguirá siendo sometido a voto consultivo de la junta pero, en caso de voto negativo, deberá realizarse una nueva propuesta de política de remuneraciones.
4. Otras modificaciones
Se obliga a publicar en la memoria de las cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores. Las sociedades que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán además esta información en su página web, si la tienen.
Igualmente, las sociedades anónimas cotizadas deberán publicar en su página web el periodo medio de pago a sus proveedores.