Más vale tarde que nunca, después de tres años y medio de instrucción, la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha remitido al Tribunal Supremo parte del sumario del escándalo de los ERE en Andalucía, al encontrar indicios que presuntamente incriminan a nueve personas que gozan de fuero por los cargos públicos que ocupan; entre ellos como destacados los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Además, la juez imputa a otros nueve magistrados: los ex consejeros José Antonio Viera, Gaspar Zarrías, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Mar Moreno y Manuel Recio. Siete de estos nueve aforados están preimputados por la juez desde el pasado 18 de diciembre; los dos restantes, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno, son nuevos imputados.
Junto a la exposición razonada para inhibirse, la juez ha enviado al Supremo sólo una selección del sumario -20 de los 80 tomos que conforman la causa, una especie de resumen sobre su instrucción. La documentación remitida va a acompañada de material digitalizado y audiovisual. Una vez que el Supremo decida si existen indicios penales contra los políticos y aforados, la juez mandará o no el resto de la documentación, según fuentes judiciales. La incógnita será si el Tribunal Supremo decidirá quedarse con todo el caso o sólo con sólo la parte remitida por Alaya.
Sin embargo, en pleno agosto y con el Supremo operando a bajo gas, sólo para asuntos urgentes, el caso de los ERE tendrá que esperar a la vuelta de septiembre, mientras que en el sector judicial y legal sigue dividido sobre si es bueno que el caso con más imputados de la historia judicial de España, más de 200, debe ser troceado o no.
La juez Alaya siempre se ha mostrado partidaria de no trocear el caso y ha defendido que elevaría al Supremo el caso al completo, ya que considere que es imprescindible saber todas las conexiones del mismo y las distintas líneas de investigación para evitar posibles condenas contradictorias.
Sin embargo, por el contrario, la Fiscalía Anticorrupción viene reclamando desde hace tiempo el troceo de la causa, con el objetivo de no alargar eternamente la misma y “concluirla en un espacio de tiempo razonable”.
PRESIONES
Finalmente, Alaya ha cedido a las presiones y ha decidido remitir sólo una parte al Supremo. Además de la presión de los fiscales, la juez ha tenido que hacer frente a las críticas políticas, que la han acusado reiteradamente de “retener artificialmente el caso”.Sin embargo, la juez contó con el apoyo de la Audiencia Provincial de Sevilla, que el pasado 30 de julio rechazó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares se dividiera en piezas separadas y se elevara al Tribunal Supremo la parte que afecta a los aforados ‘preimputados’.
El pasado mes de abril Alaya tuvo que pedir tanto al Tribunal Supremo (TS) como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la “auxiliaran” para notificar el auto de preimputación a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a cinco exconsejeros, todos ellos aforados.
La juez solicitó este auxilio al Supremo y al TSJ porque las Mesas del Congreso y del Senado acordaron devolverle la documentación remitida relativas a los diputados Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al senador socialista José Antonio Viera y advirtieron a la magistrada que no había optado por el “camino correcto” para trasladarla a los afectados porque el órgano jurisdiccional para relacionarse con aforados es el Tribunal Supremo.
LA ACUSACIÓN
El argumento principal de la juez contra los imputados es el uso como instrumento de pago de las llamadas transferencias de financiación. Este mecanismo permitía dar el dinero de las subvenciones directas para empresas y extrabajadores afectados por los ERE de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta. El Gobierno andaluz y las defensas de los imputados responden que la partida era legal y se aprobaba cada año por el Parlamento andaluz y que, además, estaba incluida en los Presupuestos. La acusación se apoya en los dictámenes de la Cámara de Cuentas andaluz, que ha censurado la operativa de los ERE, y de la Intervención General del Estado, que comparte la tesis de la juez Alaya.