El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, ha considerado que el proyecto de Ley de Justicia Gratuita era en su inicio «catastrófico» y ahora «aún es inadmisible» en varios de sus puntos.
En rueda de prensa en la capital aragonesa, acompañado por el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán, y la diputada de la Junta de Gobierno responsable del Turno de Oficio, Yolanda Montén, Carnicer ha remarcado que el texto que propone el ministro Alberto Ruiz Gallardón es «peor que la norma vigente» e incluye ocho puntos «inadmisibles».
El presidente de la Abogacía española ha observado que el proyecto de ley reconoce que estos servicios «son estupendos», por lo que «entonces no me toque usted la ley», ha reclamado al Ministerio de Justicia.
En primer lugar, Carnicer ha criticado el criterio de territorialidad, al alegar que la proximidad y acceso al abogado es esencial para disponer de una «buena» defensa. El nuevo texto dificulta la proximidad y el control deontológico del abogado al suprimir la exigencia de que el abogado tenga residencia y despacho abierto en el ámbito del Colegio donde se llevará a cabo la defensa.
De esta forma, ha cuestionado que un letrado de Zaragoza pudiera hacerse cargo de una separación matrimonial en Cádiz, además de que «sería difícil concebir que, por lo que nos pagan, alguien se pudiera desplazar allí», por lo que «no se puede admitir de ninguna manera» esta propuesta.
Tras reclamar que «se vuelva a la redacción que existía con el Ministerio de Justicia» para garantizar la proximidad, el cumplimiento deontológico y el orden necesario para prestar este servicio, ha insistido en que «no se garantiza totalmente las prestaciones económicas a los abogados que prestan el servicio», no se incluye la asistencia previa al proceso judicial, ni a presos, ni la posible intervención de diversos profesionales que podrían ser necesarios en el proceso.
«DAR LA PUNTILLA AL SISTEMA»
También se incrementa la carga burocrática para los abogados y «sorprende que si una norma no da especiales problemas haya que cambiarla» y además «a peor», algo que es «lamentable», ha estimado el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán.
Morán ha incidido en que de los 23 empleados del Colegio, 7 se dedican en exclusiva al servicio de justicia gratuita y otros dos destinan a ello, «la mitad de su tiempo», por lo que incrementar la burocracia dificultará su labor. En su opinión, esta reforma pretende «empezar a darle la puntilla al sistema para que cada día vaya a peor».
Existen «demasiadas razones todavía para no admitir este texto», ha insistido Carnicer, para agregar que la ley vigente «es una buena ley que con pequeños toques podría garantizar» el servicio «unos cuantos años más».
OBSERVATORIO
Carlos Carnicer ha asistido este viernes en Zaragoza a la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, en el que se han presentado los datos de la Comunidad del último informe del Observatorio de Justicia Gratuita del CGAE y se ha reconocido a los 97 abogados que llevan más de 25 años inscritos en el Turno de Oficio.
Asimismo, los abogados han celebrado una concentración de la Junta de Gobierno y de representantes del Turno de Oficio y Servicios de Orientación Jurídica junto a la Estatua del Justicia de Aragón, en el centro de la ciudad, donde han dado lectura a un manifiesto.
Según el octavo Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, la inversión en esta materia ha descendido un 8 por ciento en 2013 en Aragón, dedicando a este servicio 3,8 millones de euros, frente a los 4,1 millones de 2012. Así, se mantiene una tendencia de evolución negativa en los últimos tres años en los que la inversión ha descendido un 17 por ciento entre 2011 y 2013.
En el conjunto del país, la principal causa de la caída es la continuada reducción de las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, que en 2013 bajó entre el 5 y el 10 por ciento. Asimismo, las tasas judiciales provocan que los Colegios de Abogados reciban 951.000 solicitudes de justicia gratuita de los ciudadanos, un 18 por ciento más que en 2012.
En este punto, Antonio Morán ha recordado que el consejero de Justicia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha expresado que se siente «engañado» con el Ministerio de Justicia dado que no se van a transferir fondos, cobrados con las tasas judiciales, para mantener el servicio de justicia gratuita, que seguirá funcionando con los recursos propios de la Comunidad.
ARAGÓN HA SIDO «DETERMINANTE»
El presidente del CGAE ha subrayado que Aragón y Zaragoza han sido «absolutamente determinantes» a la hora de garantizar el acceso a la justicia gratuita, con iniciativas pioneras como la defensa a inmigrantes, que «nació aquí» en la capital aragonesa, o el servicio de asesoramiento y defensa a mujeres maltratadas, así como pronto se adoptó el servicio de orientación penitenciaria. Carnicer ha apostado por sensibilizar a la sociedad sobre «la importancia» de este servicio público.
En el Colegio de Abogados de Zaragoza, al finalizar 2013 había 3.577 abogados inscritos y, de ellos, el 74 por ciento en ejercicio (2.636). En el Turno de Oficio están inscritos 650 colegiados para prestar servicios de asistencia al detenido, a víctimas de violencia de género y a la defensa o acusación en juicio, o dedicados al Turno de Oficio en sentido estricto.
Durante 2013 se han asignado 11.664 asuntos de turno de oficio y se han prestado 8.841 asistencias en guardia de 24 horas; 8.010 asistencias al detenido y 831 a víctimas de violencia de género; con un total de 20.505 asuntos tratados, un 5 por ciento menos que el año anterior.-Informó Europa Press.