El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que el céntimo sanitario –el impuesto que aplican algunas comunidades autónomas sobre los carburantes, y cuyos ingresos se destinan a financiar la Sanidad– vulnera la directiva comunitaria sobre los impuestos especiales.
Los jueces señalan que “no procede limitar en el tiempo los efectos de esta sentencia, ya que el Gobierno español y la Generalitat catalana no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años”. Es decir, España podría tener que devolver 13.000 millones de euros recaudados ilegalmente de los contribuyentes entre 2002 y 2011.
El fallo responde a un litigio iniciado por una empresa de transporte establecida en Cataluña. Solicitó que se le devolvieran los 45.000 euros que tuvo que pagar por este impuesto, alegando que era ilegal. El caso acabó ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que pidió a la justicia europea que se pronunciara.
El céntimo sanitario es un tributo indirecto que empezó a aplicarse en las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia,Valencia y Asturias – actualmente se aplica en casi todas – y que se añade al precio de los carburantes con el objetivo de utilizar estos recursos para intentar solucionar los problemas de liquidez de la sanidad pública.