El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de racionalización del sector público estatal y otras medidas de reforma administrativa.
El Proyecto adopta nuevas medidas legislativas para implantar algunas de las recomendaciones del informe de la Comisión para la Reforma de la Administración (CORA), presentado en Consejo de Ministros el pasado 21 de junio de 2013, tanto para la reordenación del sector público institucional, como en otros ámbitos de la actividad administrativa; todo ello con la finalidad de asegurar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad y eficiencia del sector público.
Entre otras medidas, se implantará un Tablón Edictal Único a través del “Boletín Oficial del Estado”, que permitirá a los ciudadanos encontrar en un solo sitio web las notificaciones que les afecten de cualquier Administración pública. Se modifica la Ley del 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones públicas. Se implanta una licencia deportiva única que, una vez obtenida, habilite a su titular para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial. Se modifica el régimen jurídico de los consorcios administrativos, regulando su disolución.
Reordenación de organismos públicos
En primer lugar, se reordenan una serie de organimos públicos dependientes de diversos ministerios, con el fin de mejorar la eficiencia y reducir el gasto público.
Entre dichos organismos destacan: El Servicio Militar de Construcciones; el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA); la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén; el Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos (OAPEE); la fundación Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal; El Consejo para la Promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico; el Consejo de la Juventud de España; el Instituto de la Juventud y la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX).
Igualmente se acuerda la extinción de determinados Organismos administrativos como la “Obra Asistencial Familiar de la provincia de Sevilla”; la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades; la Comisión Interministerial para el estudio de los asuntos con trascendencia presupuestaria para el equilibrio financiero del Sistema Nacional de Salud o implicaciones económicas significativas, así como la de una serie de fundaciones (Fundación para la Proyección Internacional de las Universidades Españolas-Universidad.es; Fundación Agencia Nacional de la Calidad y la Acreditación; Fundación Centro de Estudios Económicos y Comerciales; y Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación) para integrarse en entidades que desarrollan funciones análogas.
Cuentas bancarias y registro de vehículos
Se introducen mejoras normativas para evitar la proliferación de cuentas bancarias de titularidad de las distintas unidades de la Administración, que hace que asciendan hoy a más de cuatro mil. Con la reforma operada se refuerza el control por el Tesoro, habilitando al ministro de Economía a que determine todas las condiciones de utilización de las cuentas de manera centralizada. Ello va a llevar a cabo un mejor control de los fondos, evitar su dispersión y obtener condiciones económicas homogéneas y más ventajosas.
También en el ámbito de la gestión de medios de la Administración General del Estado, se crea un registro de vehículos no integrados en el Parque Móvil, con el objeto de reforzar el control de los mismos y aplicarles medidas de gestión similares a las operadas en aquel organismo, que han comportado importantes ahorros.
Por otra parte, se habilitan cambios normativos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para permitir que dicho Tribunal, en las Comunidades Autónomas que no tuvieran establecido órgano de control externo propio, pueda establecer secciones territoriales para el cumplimiento de sus funciones.
El Proyecto de Ley modifica el régimen jurídico de los consorcios administrativos, regulando su disolución, con lo que se cubre una laguna que había hasta ahora impedido liquidar los que ya se consideraban innecesarios.
Simplificación de procedimientos
En materia de simplificación de procedimientos para ciudadanos y empresas, reducir trabas burocráticas e impulsar la Administración electrónica, se adoptan en el Proyecto de Ley las siguientes medidas:
– En el ámbito deportivo, se implanta una licencia deportiva única que, una vez obtenida, habilite a su titular para participar en cualquier competición oficial, cualquiera que sea su ámbito territorial.
– En lo que respecta a la firma electrónica en la Administración pública, se modifica la Ley del 22 de junio de 2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, para asegurar el uso de una única relación de certificados electrónicos reconocidos en todas las Administraciones públicas.
– Otra de las medidas orientadas a facilitar las relaciones de la Administración y los administrados es la habilitación legal para la implantación del Tablón Edictal Único a través del “Boletín Oficial del Estado”, que permitirá a los ciudadanos encontrar en un solo sitio web las notificaciones que les afecten de cualquier Administración pública.