MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, con el único voto favorable del Grupo Popular y de UPN (socio electoral del PP), el proyecto de ley que reforma el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PSOE ya ha anunciado que llevará la ley al Tribunal Constitucional cuando sea aprobada definitivamente por el Senado.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el modelo y funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, ha salido adelante por 179 votos a favor, 140 en contra (PSOE, Izquierda Plural, CiU, UPyD, PNV y casi todo el Mixto) y una abstención (la del Foro Asturias). El nuevo modelo se aplicará a la próxima renovación del Consejo prevista para septiembre.
El nuevo Consejo estará protagonizado por una mayoría de vocales ‘a tiempo parcial’, restará peso a la participación de las asociaciones en el proceso de elección y tendrá una actividad internacional coordinada con el Ministerio de Exteriores.
Los grupos de la oposición y las asociaciones de jueces y fiscales han sido unánimes al denunciar que esta reforma supone “un manifiesto ataque” a la independencia del poder judicial y al máximo órgano de su gobierno. Incluso la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, ha lamentado que Ruiz- Gallardón haya “desatendido” su promesa de que doce vocales fueran elegidos por los jueces.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Unión Progresista de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales han estimado que el ministro se ha quedado “solo” y ha emplazado al Ejecutivo a retirar esta norma.
El ministro Ruiz-Gallardón ha participado en la votación aunque ha estado ausente durante el debate, por lo cual no ha escuchado las críticas de los grupos del arco parlamentario hablando de “atraco”, “ocupación política”, “debilitamiento” y “corrupción” en el órgano de gobierno de los jueces.
FALTA DE DIÁLOGO
Los grupos han reprochado también el acelerado trámite que ha seguido esta norma de carácter orgánico y que regula el órgano de gobierno de un poder del Estado, como es el Judicial. Unas acusaciones que han sido rebatidas por el diputado del PP José Miguel Castillo Calvín, que ha acusado al principal grupo de la oposición de rechazar “una vez más” la “mano tendida” por el ministro.
La ausencia de un debate prolongado en el tiempo fue reconocida hace unos días en la Cámara Baja por el mismo ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que justificó el cumplimiento estricto de los plazos legislativos en que el nuevo sistema debe ponerse en marcha con la renovación prevista para finales de septiembre.
El texto aprobado en la sesión plenaria incluye la propuesta del PP para que la Comisión Permanente esté compuesta por el presidente y por cinco vocales vocales y no seis como proponía el Ministerio. Tres de ellos serán nombrados por el turno judicial y dos serán juristas de reconocida competencia. Serán los únicos que tengan dedicación exclusiva y “se procurará” su rotación anual.
El dictamen también apuesta por una única vicepresidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a diferencia de la sugerencia del Gobierno para que cada órgano tuviera su propio vicepresidente.
Además, contempla que todas las actividades del CGPJ se lleven a cabo en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y “de acuerdo con las directrices en materia de política exterior que, en el ejercicio de sus competencias, sean fijadas por éste, sin perjuicio de las competencias que en materia de cooperación jurisdiccional internacional ostenta el Consejo”.
OBSERVAR LA PARIDAD EN LA ELECCIÓN DE VOCALES
Una disposición adicional establece que las Cámaras regularán el procedimiento de selección de los vocales estableciendo mecanismos para garantizar la “máxima transparencia y publicidad” en su designación y “con observancia” de la Ley de Igualdad para la “igualdad efectiva de mujeres y hombres”.
El dictamen ha incluido una enmienda transaccionadas por el PP y el PSOE por la que se incluye el deber “inexcusable” de los vocales de asistir, participar y emitir voto válido sobre las cuestiones a decidir por el Pleno y las Comisiones, limitando las abstenciones a supuestos en los que concurra causa legal para ello. Los consejeros en ningún caso podrán votar en blanco cuando se trate de materia disciplinaria y decisiones sobre recursos.
Entre las enmiendas incorporadas, se encuentra la planteada por CiU para que el Consejo informe en los expedientes de responsabilidad patrimonial por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y reciba las quejas de los ciudadanos en esta materia.
Entre sus atribuciones, el órgano de gobierno de los jueces cuidará por la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones del Supremo y del resto de juzgados y tribunales.
El PP también pactó el PNV que el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), con sede en San Sebastián, colabore con el Consejo en la armonización de los sistemas informáticos que redunden en una mayor eficiencia de la actividad de los juzgados. El director del CENDOJ deberá acreditar el desempeño efectivo de una profesión jurídica durante al menos quince años.
La Comisión de Justicia incluyó la enmienda de los grupos de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) para que el expediente de inspección se complete con los informes que presente el juzgado investigado.