El abogado Fabián Valero, junto con miembros de la Abogacía Española, entregaron este lunes en el registro del Ministerio de Justicia más de 171.000 firmas de ciudadanos en contra de las tasas judiciales. Las firmas se han conseguido con adscripciones a través de internet para pedir la derogación de la Ley de Tasas.
Fabián Valero inició hace dos meses, a través de la plataforma de peticiones Change.org, la campaña de recogida de firmas ‘Alberto Ruiz-Gallardón: Derogación de la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales’. En su escrito, este letrado pide la derogación de la Ley 10/2012, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, por considerarla claramente inconstitucional. Valero aseguró que esta norma resulta contraria al derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución, “toda vez que la desmesurada cuantía de determinadas tasas judiciales impedirá a cientos de miles de ciudadanos el acceso a los órganos jurisdiccionales”.
Por otro lado, la Ley de Tasas Judiciales “resulta contraria al derecho de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución”, aseguró Valero. El abogado considera que con la redacción actual de la Ley de Tasas “todas las personas físicas que no resulten beneficiarias de Justicia Gratuita tendrán que abonar las tasas judiciales en idéntica cuantía, con independencia de su nivel de renta o ingresos, en claro perjuicio de las clases medias y bajas y favoreciendo a las personas más acomodadas”. Además, la legislación –cuya derogación se solicita- favorece a las grandes multinacionales (especialmente la banca y las aseguradoras) en detrimento de las pequeñas y medianas empresas.
Valero también censuró que las Administraciones Públicas queden exentas del abono de las tasas judiciales, “contribuyendo de esta forma a la arbitrariedad administrativa”, ya que la tasa de resolución estimatoria de reclamaciones en vía administrativa es prácticamente inapreciable en España. Con esta ley “se favorece la arbitrariedad en el ejercicio de la actividad administrativa”, aseguró Valero a los medios de comunicación antes de la entrega de las firmas.