La reforma registral que quiere llevar a cabo el Ministerio de Justicia está suponiendo una auténtica revolución entre las profesiones de notarios y registradores, que han recrudecido su particular guerra fría.
Después de que en la mañana de este martes el director general de Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez, publicitara los beneficios que, según el Ministerio de Justicia, traerá la encomienda del Registro Civil a los registradores, los notarios han entrado en escena con una dura nota de prensa en la que rechazan la reforma y denuncian duramente sus efectos para la sociedad y la economía.
Joaquín Rodríguez aseguró en un encuentro organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (Acijur) y la editorial La Ley, del grupo Wolters Kluwer, que el borrador de la reforma sigue abierto a sugerencias y que, de hecho, ya se habían aceptado hasta 80 propuestas de modificaciones del texto de los notarios. Sin embargo, poco después de pronunciar estas palabras, el Notariado envió una nota a los medios en la que negaba en rotundo que eso fuera así. Es más, según los notarios, el director general se ha negado a incorporar las propuestas del Notariado, manteniendo el texto prácticamente igual. El Consejo General del Notariado afirma que, con la excusa de encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores, el Ministerio ha aprovechado para introducir un cambio radical en el sistema registral que otorga un control absoluto de toda la actividad jurídica a los registradores.
En un editorial de la revista ‘Escritura Pública’, editada por el Notariado, este colectivo denuncia que se trata de una reforma gremial en la que el Registro Civil sale de la órbita judicial y resulta fagocitado por el Colegio Nacional de Registradores que pasa a organizarlo en régimen de franquicia.
Además, otra de las críticas apunta a que los registros se constituyen en este borrador en una especia de Gran Hermano orwelliano, que se emancipa del Estado para gobernarse de forma casi autónoma por el Colegio de Registradores.
AUMENTO DE COSTES
Pese a que Joaquín Rodríguez insistió una y otra vez en que la reforma tendrá coste cero para los ciudadanos, los notarios también desmienten este punto. Denuncian que la reforma supondrá un lastre para el tráfico jurídico y para el desarrollo económico, y critican el incremento de costes para los ciudadanos (por un poder se pagaría cuatro veces más), así como que se alargarán los plazos para cualquier operación jurídica. El Notariado asegura, además, que la norma carece de estudios sobre su viabilidad económica.
Según la nota enviada por los notarios, con el borrador que maneja actualmente Justicia se plantea una situación de máximos por la que sería obligatorio inscribir desde el cambio de domicilio a cualquier poder e incluso el testamento y los seguros. Esta afirmación contrasta con la proporcionada poco antes por el director general, que aseguró que sólo habría dos nuevos actos inscribibles: los poderes y el cambio de domicilio, y este último de forma voluntaria. Eso si, reconoció que se cobraría por ambos.
BODAS ANTE NOTARIO, MENOS DE 100 EUROS
Durante el desayuno informativo con Joaquín Rodríguez, este representante del Ministerio explicó que los matrimonios civiles se podrán celebrar ante notario o ante un alcalde, a la elección de los interesados. En cuanto al precio, dijo que sería menos de lo que cuesta en el Ayuntamiento, donde actualmente las tasas por este tipo de celebraciones rondan los 90 o 100 euros, dependiendo del municipio.
Por último, Joaquín Rodríguez quiso insistir en que esta reforma registral, que según sus palabras, supondrá un cambio de modelo total, no nace con el ánimo de enfrentar a las dos profesiones de notarios y registradores, sino con la intención de mejorar el servicio que se ofrece a los ciudadanos.
En cuanto a las críticas desde diversos ámbitos que está recibiendo el borrador, aseguró, en relación a los notarios, que si lo critican es por desconocimiento y que no ha escuchado ninguna crítica de fondo.
En cuanto a las protestas de algunos registradores, lo justificó como algo normal ya que este texto supone para ellos, según Rodríguez, un sacrificio, al tener que asumir los costes del Registro Civil. Dijo que encomendarlo a este colectivo supondrá un ahorro de 450 millones a las arcas públicas y mejorará su eficiencia. Ante la posibilidad de que fuera otro colectivo quien lo asumiera, como, por ejemplo, los secretarios judiciales, dijo que eso supondría que el Registro siguiera como está. Insistió en que con ellos no mejoraría la gestión porque ya tienen mucho trabajo del que ocuparse y que, además, resultaría más caro porque habría que convocar nuevas plazas de refuerzo.