El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado hoy una nueva ley de seguridad privada que, entre otras cosas, impondrá determinadas “cautelas” a las investigaciones de los detectives privados, y prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.
Así lo ha manifestado el ministro tras la comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso para abordar distintos asuntos de su departamento y en la que ha anunciado esa nueva ley para actualizar la vigente normativa, que data de 1992.
Antes, ha recordado que durante dos décadas, la ley ha sufrido múltiples modificaciones y, además, el sector ha experimentado un extraordinario auge debido, entre otras cosas, a la innovación tecnológica, por lo que Fernández Díaz cree necesaria una nueva regulación que ordene la normativa dispersa en este momento y se adecúe a los tiempos actuales.
Tras dejar claro que no se trata “en absoluto” de privatizar la seguridad pública, el ministro ha dicho que la nueva ley está ya en muy avanzado estado de elaboración y que, entre otras cosas, regulará el desarrollo de la actividades de investigación llevadas a cabo por despachos de detectives.
Estas investigaciones, ha puntualizado, estarán sujetas a determinadas “cautelas“, como la obligación de “velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que también deberá estar a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial.
Al término de la comisión y a preguntas de los periodistas, Fernández Díaz ha explicado que la nueva ley establecerá controles para que no vuelvan a producirse hechos como el espionaje practicado por la agencia de detectives Método 3 que grabó una comida de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho con la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola.
Fernández Díaz ha avanzado que quedará “perfectamente establecido” qué tipo de encargos son ilegales y, por tanto, no pueden llevar a cabo los detectives, como actividades que vulneren la intimidad, porque entraría “en el campo de lo delictivo”.